¡INDEPENDENCIA JUDICIAL ES LO QUE FALTA!

SABADO 20 de Septiembre de 2008 - ENVIAR POR E-MAIL

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Otro reclamo por la independencia

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CORDOBA (De un enviado especial).- La Justicia reclamó que los procesos de designación de jueces fueran transparentes y se realizaran sin arbitrariedades ni interferencias políticas, así como también que los magistrados no fueran sancionados o perseguidos por las sentencias que dictan. Ese podría ser el resumen de las conclusiones de la Tercera Conferencia Nacional de Jueces, que congregó aquí a más de 500 jueces. "Todos los ciudadanos tienen derecho al debido proceso, y los jueces no pueden ser víctimas de procesos larguísimos, acusaciones en su contra que nunca se resuelven", afirmó Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, flanqueado por la ministra Carmen Argibay. El tema central de las dos jornadas de reuniones fue, una vez más, el de la independencia judicial y Lorenzetti, como publicó ayer LA NACION, se quejó de la excesiva politización de los procesos de nombramiento de jueces y de su remoción. Las conclusiones, que están contenidas en apenas una página, parecen el enunciado de obvios principios generales, pero en la realidad política argentina tienen destinatarios concretos: los gobiernos, legislaturas y consejos de la magistratura nacional y provinciales. Dicen las conclusiones que la selección de los jueces debe estar a cargo de órganos que permitan garantizar la independencia del Poder Judicial, con autonomía del poder político. También se pide transparencia y celeridad en la elección de los jueces y critica una práctica política que desnaturaliza el proceso de selección: la entrevista personal que hagan los consejeros con los magistrados no puede ser usada para desnaturalizar el resultado de los concursos.

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Fwd: La Presidenta pidió tener una "mirada solidaria"

La Presidenta pidió tener una "mirada solidaria"

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En un acto en La Pampa destacó: "Necesitamos mucha unidad para seguir construyendo una sociedad justa, equitativa, libre y democrática"

La presidenta Cristina Kirchner volvió a defender el modelo económico que impulsa y pidió tener una "mirada solidaria" para con los más necesitados y aseveró que la clave es "el crecimiento armónico y equilibrado" de las sociedades. "Tenemos la necesidad de comprender el esfuerzo de todos los argentinos en producir un país mejor. Tengamos una mirada solidaria para el que no le ha ido tan bien, al que le falta trabajo, vivienda", dijo la jefa del Estado al presidir un acto de entrega de viviendas en La Pampa. En ese sentido, expresó que "la clave es el crecimiento armónico y equilibrado de las sociedades", para lo cual pidió el "esfuerzo de todos los argentinos sin distinciones". Además, agregó: "Necesitamos mucha unidad entre todos los argentinos para seguir construyendo una sociedad justa, equitativa, libre y democrática". Así, la Presidenta abogó por profundizar como "modelo cultural" al "esfuerzo, a la producción, el trabajo y el valor agregado". Y recordó que en los últimos años, luego de ver que "el país se escurría entre las manos", la gente hizo el "aprendizaje en cuanto a que era necesario otro modelo social, económico y cultural". Además añadió que "todos somos necesarios". Y agregó: "Lo lindo de esta Argentina que hoy tenemos y estamos construyendo con tanto esfuerzo es haber comprendido que todos y cada uno de los habitantes y distintos sectores económicos y sociales teníamos que avanzar en conjunto". En su discurso, Cristina Kirchner ratificó la decisión de "transformar y ayudar al otro, a todos, a la industria, al campo, a los trabajadores, educadores, estudiantes, intelectuales, a todos. "Nos habían contado un cuentito –destacó Cristina Kirchner– que muchas veces por esas cosas de la cultura creímos que el Estado podía estar ausente, que todo lo solucionaba el mercado, pero es necesaria la presencia de los dos".

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¡¡ VAYA MIRADA SOLIDARIA !!

Nota enviada al INSSJP-PAMI por tratamiento que reciben personas que se acercan por trámites en la institución; mientras la Sra. Presidente habla de SOLIDARIDAD.

Además este año el Parlamento Argentino ratificó la CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, algo que todavía no se cumple en ARGENTINAE

AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSSJP-PAMI

DR. LUCIANO DI CESARE

S/D

          Me dirijo a Ud. a fin de poner en su conocimiento:

1) Habiendo en curso en ese Instituto, desde hace varios años, expedientes con peticiones, dictámenes y recomendaciones de organismos con competencia (como DEFENSORIAS DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. Y DE LA NACION, CONADIS, INADI, MINISTERIO DE TRABAJO, SUBSECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y PRESIDENCIA DE LA NACION), a los que concurrí oportunamente, para denunciar un despido sin causa violatorio de leyes argentinas y tratados internacionales vigentes y plasmados en nuestra Carta Magna; aún no resuelto por el INSSJP-PAMI.

Un despido sin causa y sin respuesta aún acorde a los lineamientos marcados a la Administración Pública por el alto Tribunal (C.S.J.N.).Quien sostuvo que es inconstitucional el despido "sin justa causa" o sin sumario administrativo que determine una causa justa de despido.

2) A fin de obtener una respuesta con relación a Nota Nº 104.950/08-CNAIPD-Presidencia de la Nación- enviada en mayo 2008 con pedido de PRONTO DESPACHO, sin contestación al día de hoy por parte de ese organismo que Ud. preside.

3) Siendo las 15hs. del día viernes 08/08/08 me presenté en la Gerencia de Recursos Humanos, a fin de preguntar por el trámite que lleva ocho (8) años o por la doctora que según me informaron tiene el trámite.

4) La doctora Florencia TEULY- Gerenta de Recursos Humanos, que se encontraba con un niño en brazos y expedientes sobre su escritorio (como observé al abrirse la puerta), ordenó a su secretaria de nombre Meri quien entró a anunciarme, me dijera que me retirara y si yo no lo hacía llamara al oficial de Gendarmeria Nacional, que efectivamente estaba afuera y,  parece cuidaba la puerta de la Gerencia de Recursos Humanos y también a ella.

5) Como soy una señora y señora se nace, ya que doctora se hace, y a fin de evitarle mayor degradación al oficial de Gendarmería Nacional al que la secretaria debia ordenar me retirara del lugar...salí como había entrado, silenciosamente.

Habría que explicarle a la Dra. Florencia TEULY, que un oficial de Gendarmería Nacional no es,  ni se formó para ser un custodio de nadie en particular, sino que es UN CENTINELA DE LA PATRIA O, UN AUXILIAR DE LA JUSTICIA EN TODO CASO.

6) Sorprendida por el mal uso o abuso que se comete en el INSSJP-PAMI con las fuerzas de seguridad (como en este caso puntual), me comuniqué con el Jefe de Gendarmeria. Antiguamente el gendarme era un CENTINELA DE LA PATRIA y estaba para salvaguardar los intereses de la Nación. Por ejemplo, si estuviera en Socompa (cerca del límite norte tripartito, entre tres países) actualmente como tiempo atrás lo hacía patrullando las montañas a lomo de mula, hoy no asistiríamos a ver los argentinos por televisión como se sacan nuestros recursos naturales como el agua pura de montaña, de la argentina,  para llevarla y utilizarla en una mina en Chile; pero por supuesto esto hoy se hace con permiso- convenio del gobierno de Salta..

Seguramente, para que ello fuera posible sacaron de Socompa a dicha fuerza nacional y la rehubicaron dentro del PAMI para distraerla en su verdadera función: "CENTINELA DE LA PATRIA".

7) Es vital que desde esa Dirección Ejecutiva se condene a quien, desde el seno de una institución intervenida por el gobierno nacional, viola los deberes de funcionario público cometiendo ostensibles abusos de autoridad y prepotencia, dando ejemplo a sus subordinados, y a los demás de "inconducta social".

Por último quisiera recordarles las palabras de Monseñor Francisco POLTI, obispo de Santiago del Estero, pronunciadas en el Tedeúm del 25 de julio de este año con motivo del Aniversario de dicha ciudad quien advirtió que "en una sociedad fragmentada como la que estamos viviendo, se nos invita a cada hombre y mujer que habita esta tierra, a construir el bien común, a crear puentes de reconciliación y diálogo, a reinventar la amistad social, a ser más misericordioso y solidario".

Atte.

DORA ALFONSO

Expedientes: 998-2006-00214-0-000

                     998-2007-00714-6-0000 (últimos dos exptes.consignados en ese organismo) 

DISCAPACIDAD: RESPONSABILIDAD DE TODOS

El Congreso Argentino ratificó el 21 de mayo de 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que había sido proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006 (esto fué el resultado del enorme esfuerzo realizado por discapacitados de todo el mundo).

A través de esta resolución, los países se comprometen a elaborar y poner en prácticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la Convención y abolir las normas, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.

Los países signatarios también deberán combatir los estereotipos y prejuicios, promover la conciencia de las capacidades de esas personas y garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en un pie de "igualdad con otras personas".

Esto plantea a nuestros gobernantes la responsabilidad y el desafío para que cada uno de los postulados de este protocolo tenga correlato efectivo; ya que si bien la normativa vigente en nuestro país es bastante completa, no asegura actualmente,  los derechos reconocidos en la misma.

El Propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el pleno goce y en condiciones de igualdad de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Los Principios de la Convención serán:

1.- El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluída la libertad de tomas las propias decisiones, y la independencia de las      personas.

2.- La no discriminación.

3.- La participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad.

4.- El respeto a la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana.

5.- La igualdad de Oportunidades.

6.- La accesibilidad.

7.- La igualdad entre el hombre y la mujer

8.- -------------------------------------------------------

Las Obligaciones Generales:

1.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos y las libertades fundamentales de          las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

A TAL FIN, LOS ESTADOS PARTES SE COMPROMETEN A:

1.- Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos en la              presente Convención.

2.- Tomar todas la medidas pertinentes, incluídas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas      existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.

3.- Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con        discapacidad.

4.-  Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar para que las autoridades e instituciones             públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella.

5.- Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad.

Con relacion a la IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION (Art. 5º):

1.- Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a gual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

2.- Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

3.- A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4.- No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

"EL DESAFIO PARA NUESTROS GOBERNANTES, SERA ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PARA QUE CADA UNO DE LOS POSTULADOS DE ESTE PROTOCOLO TENGA CORRELATO EFECTIVO".

Un Juez Subrogante me denegó JUSTICIA (Juzg. Lab.35)

Un Juez Subrogante cerró mi expediente (Juzg. Lab. nº 35) y me denegó JUSTICIA,

alegando: "COSA JUZGADA"

SI LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION DECLARO HACE UN AÑO ATRAS AL SISTEMA INCONSTITUCIONAL....¿COMO QUEDA EL FALLO QUE OBTUVE????????

MIERCOLES 21 de Mayo de 2008 - ENVIAR POR E-MAIL

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La Casa Rosada influirá en la elección de los jueces interinos

http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=1014288

Lo prevé un proyecto que hoy Diputados convertirá en ley

Al filo del vencimiento del plazo que impuso la Corte Suprema, la Cámara de Diputados se apresta a convertir hoy en ley un nuevo régimen de jueces subrogantes, que permitirá cubrir provisionalmente más de 170 juzgados vacantes. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, provoca sospechas en la oposición y en la Asociación de Magistrados, que coinciden en que encubre un intento del Gobierno de designar a dedo a los jueces interinos. La polémica nace ya con el artículo primero de la norma. Allí se detalla que, en caso de producirse una vacante en un juzgado, la cámara respectiva procederá a cubrirla con un juez de igual competencia de la misma jurisdicción. Hasta allí no hay cuestionamientos. Pero a renglón seguido establece una segunda alternativa, en caso de que la primera no pueda cumplirse: el juez interino será elegido por sorteo de una lista de conjueces integrada por abogados de matrícula, que elaborará el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. La oposición encendió una luz de alarma por este punto: a su juicio, debe ser el Consejo de la Magistratura el que participe en el armado de la lista de conjueces. Además, puso el grito en el cielo cuando constató, al revisar la iniciativa, que el oficialismo eludió poner un plazo para la función de aquellos jueces interinos provenientes del listado oficial. Esto implicaría, a su juicio, que no sólo podrían designarse magistrados subrogantes afines al poder político de turno, sino que incluso podrían perdurar en sus funciones sin un límite preciso. El senador Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) fue el primero en plantear el problema en el recinto la semana pasada, cuando el Senado le dio media sanción a la iniciativa. "El proyecto oficial dice que la lista de conjueces que van a reemplazar u ocupar la vacancia será elegida por el Poder Ejecutivo. A mí me parece grave -enfatizó Sanz-. Pero no es el único problema, ya que esto va acompañado de otro ingrediente que la hace muy perniciosa: la falta de plazo. El juez elegido será un conjuez que viene de una lista que seleccionó el Poder Ejecutivo -sospecha de afinidad política- y permanecerá en el cargo hasta que los procedimientos lo definan, y ya sabemos que los procedimientos son bastante lentos." La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia tampoco ahorró críticas. "El sistema de subrogancias proyectado importa un retroceso en la calidad institucional que lo descalifica anticipadamente, por cuanto la previsión de listas de conjueces confeccionadas por el Poder Ejecutivo resulta susceptible de generar suspicacias sobre posibles manipulaciones futuras en particular respecto de casos con implicancias políticas", sostuvo en un comunicado. La Coalición Cívica y el Frejuli (Rodríguez Saá) también se sumaron a las objeciones planteadas por Sanz, pero el oficialismo impuso su mayoría y obtuvo la media sanción. Ahora el debate se instala en la Cámara de Diputados. Ayer, contra reloj, la Comisión de Justicia de la Cámara baja -que preside Luis Cigogna (FPV-Buenos Aires)- emitió dictamen favorable al proyecto. La oposición, en la voz de Marcela Rodríguez (Coalición Cívica) y de Julián Obliglio (Pro), planteó varios reparos. El oficialismo descansa tranquilo en su hegemonía: no aceptará cambios y convertirá en ley el proyecto. Plazo que se vence El sistema de jueces subrogantes fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema hace un año. No obstante, para no provocar un colapso, la Corte dispuso que los actuales interinos sigan en sus cargos durante un año. Ese era el tiempo que la Corte le daba al Congreso para dictar un nuevo régimen que no violara la Constitución. Ese plazo vence pasado mañana. En la iniciativa que se aprobaría hoy se cumple a medias con aquel mandato de la Corte. En efecto, el proyecto establece que, hasta que rija el nuevo procedimiento de designación de jueces interinos, las actuales subrogancias se prorrogarán sin fecha tope. En definitiva, el proyecto oficial no impone plazos para las actuales subrogancias, como tampoco para las futuras. Para el oficialismo, la nueva norma se ajusta a la Constitución nacional y considera que instaura un mecanismo ágil para el nombramiento de los jueces interinos. "Es necesario dotar de cierta elasticidad al sistema, por eso no se ponen plazos: puede suceder que haya demoras en la designación del juez definitivo y, si hubiera un plazo, deberíamos nombrar al interino del interino. Eso es imposible", argumentó el diputado Cicogna. El presidente de la Comisión de Justicia rebatió las críticas opositoras. "No hay ninguna norma en la Constitución nacional, en lo que se refiere a jueces subrogantes, que indique que el Consejo de la Magistratura debe intervenir", sostuvo el legislador, que cuestionó con dureza a la Corte: "No está para legislar, y no puede imponerle plazos al Congreso. No obstante, con infinita paciencia, decidimos no incurrir en un conflicto de poderes". Por Laura Serra De la Redacción de LA NACION

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EL PORQUE DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY...

Dura postura del titular de la entidad que agrupa a los fiscales de todo el país Denuncian intromisión en la Justicia

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Quattropani advirtió que los gobiernos "intentan dominar al Poder Judicial, y suelen conseguirlo"

SAN JUAN.- El presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Eduardo Quattropani, denunció que "los poderes ejecutivos, la mayoría de las veces, ignoran o anulan a los legislativos e intentan dominar al Poder Judicial, y suelen conseguirlo". Advirtió, en ese sentido, que "los instrumentos básicos de sometimiento de los poderes judiciales están dados por sistemas de designación y de enjuiciamiento de sus miembros, por el manejo presupuestario y en algunos casos por la investigación de los hechos de las causas judiciales por parte de una policía que sólo en la ficción responde al juez". Quattropani habló en sintonía con el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, que la semana última afirmó, en una entrevista con LA NACION, que desde el poder político "se busca sojuzgar al Poder Judicial", que "no están dadas las condiciones para procesar a un funcionario en actividad" y que sólo jueces "superhéroes" asumirían ese desafío, que podría significar el fin de su carrera. En este caso, Quattropani, que se desempeña como fiscal general sanjuanino, sostuvo que "no es serio pretender ignorar la evidente supremacía institucional de los poderes ejecutivos por sobre los poderes legislativos y judiciales, algo que por décadas ha vivido el país". "Es sabido que en este tipo de democracia -añadió-, los poderes ejecutivos la mayoría de las veces ignoran o anulan a los legislativos e intentan dominar al Poder Judicial, y suelen conseguirlo." El fiscal sanjuanino aseguró que "con sistemas de designación en los que se desprecia el elemento técnico, dándole supremacía a la voluntad política, la carrera judicial está basada en relaciones sociales con el poder y en la idoneidad para el ejercicio del cargo". Sostuvo, en esa misma línea, que "bajo un sistema de enjuiciamiento en donde las garantías son mínimas o inexistentes, la estabilidad de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público sólo depende de las buenas relaciones con el poder político". Sin embargo, advirtió que "nada de ello debería justificar las claudicaciones morales de los magistrados". "Posición firme" Sobre las posibles soluciones, dijo que "el cambio debería comenzar a partir de una posición firme de los tribunales superiores de cada Poder Judicial, aunque esto es de difícil cumplimiento por el reconocimiento de sus propias debilidades en el método de acceder a los cargos". Por otra parte, Quattropani, máxima autoridad de la institución que agrupa a los integrantes del Ministerio Público de todo el país, rescató la conformación de la actual Corte Suprema de la Nación, al afirmar que "es muy dificultoso cuestionar el prestigio intelectual de sus miembros". El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina es una institución que agrupa a los titulares de los Ministerios Públicos del país, es decir, los procuradores generales y fiscales generales, defensores generales y asesores generales. Quattropani ya se desempeñó como presidente del Foro de Abogados provincial y como responsable del Consejo Técnico Coordinador para la Reforma en Seguridad y Justicia. Por Enrique Merenda ParaLA NACION En la mira Quattropani, titular de la entidad que nuclea a los fiscales, denunció el avance de los gobiernos sobre la Justicia. Antes había hecho lo propio Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados

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NECESIDAD DE IGUALDAD ANTE LA LEY

Política Frente a los desafíos de la igualdad

http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/suplementos/enfoques/nota.asp?nota_id=978305

Por Gustavo Maurino Para LA NACION

Una de las novedades más relevantes de la reforma constitucional de 1994 ha sido la reformulación de la promesa igualitaria que el Estado argentino asume con todos los habitantes. Por una parte, el nuevo principio de igualdad de oportunidades supera y reemplaza a la mera igualdad formal, y demanda un Estado activo en la adopción de políticas de acción afirmativa hacia los sectores más vulnerables; y por otro lado, la consagración de la protección antidiscriminatoria como derecho especialmente destinado al amparo de las personas y grupos que históricamente han padecido el prejuicio, la postergación social y la exclusión legal. Pero la Constitución de 1994 no sólo ha sido generosa en las palabras: también ha provisto novedosos mecanismos y herramientas de exigibilidad judicial individuales y grupales para que estas nuevas promesas se hagan efectivas. Desde entonces, el rol institucional de los tribunales en general -y de la Corte Suprema en particular- se ha visto sustancialmente modificado. Los ejemplos abundan ya: en los últimos tiempos, la Corte Suprema ha resuelto numerosos casos en los que amparó a personas sin recursos para el acceso a bienes básicos como medicamentos, tratamientos médicos y prestaciones alimentarias, ordenó a Estados provinciales la adopción de reformas estructurales en hospitales públicos y servicios penitenciarios; declaró la inconstitucionalidad de normas que discriminaban sobre la base de la nacionalidad de las personas; reconoció el derecho de minorías sexuales de formar asociaciones para promover sus derechos e intereses, revisó la constitucionalidad de varias leyes de seguridad social (jubilaciones, riesgos del trabajo, etc.) para asegurar la especial protección constitucional debida a la tercera edad y a las personas con discapacidad. Se trata de un rol novedoso para la Corte en nuestra práctica institucional, mucho más activo que el requerido en décadas anteriores, pero también irreemplazable para el funcionamiento democrático actual, en la medida en que nuevos derechos requieren su cumplimiento efectivo. Debido a la clara dimensión de interés público que tiene este tipo de intervención judicial, la propia legitimidad del máximo tribunal se pone en juego en estos casos. Por ello, la manera en que la Corte asuma y ejecute esta exigente atribución constitucional definirá su autoridad pública como poder independiente del Estado. En este proceso resulta necesario el diálogo, pero también es inevitable la tensión con los demás poderes del Estado y la ciudadanía. La articulación de este balance, de manera tal que la tensión sea contenida y el diálogo no resulte silenciado por los poderes políticos será un signo de notable avance constitucional, pues al mismo tiempo, nuestro experimento democrático juega una parte de su propia legitimidad en el desafío de honrar las nuevas promesas de derechos, y construir una genuina comunidad de iguales. El autor es codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

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